España retrocede: 1.600 millones para reparar un asfalto olvidado
El invierno dejó la red vial española en un estado ruinoso, un retroceso de cinco décadas que exige una respuesta urgente. El gobierno ha destinará 1.629 millones de euros para reparar 5.000 kilómetros de carreteras, pero la cifra resulta insuficiente según expertos y asociaciones del sector.
Un plan reactivo, un problema estructural
El ministro Óscar Puente, en una intervención en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pintó un panorama sombrío: “durante años, no se ha llegado al estándar técnico de referencia”, admitiendo un déficit acumulado de 5.600 millones de euros. Se trata de un cambio de paradigma, un replanteamiento de la conservación de las infraestructuras, alejándose de la lógica reactiva por una estrategia preventiva. No se trata de pintar un tramo y olvidar; se trata de anticipar, de entender la mecánica del deterioro y actuar antes de que la situación se torne irreparable.
El diagnóstico es claro: la red necesita una atención detallada, “trama a trama”, evaluando no solo el estado del firme, sino también la calidad de la rodadura. La prioridad, según Puente, es “actuar primero donde el deterioro es mayor, donde el impacto es más relevante y donde la intervención es más urgente”. El Gobierno espera crear 18.500 puestos de trabajo y generar un impacto económico superior a 1.200 millones de euros.
Pero la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) no comparte este entusiasmo. La inversión propuesta, apenas 5.000 kilómetros de una red que supera los 26.000, se considera “insuficiente”. La asociación denuncia que el sector del transporte por carretera es una de las principales contribuyentes a las arcas públicas, aportando más de 21.000 millones de euros anuales, y exige una inversión mayor para unas infraestructuras que son vitales para el desarrollo económico del país. La CETM plantea una cifra de 2.000 millones de euros anuales como mínimo.
La cronología también es motivo de debate. Si bien las licitaciones comenzarán en 2026, la puesta en marcha del plan se extenderá hasta 2031, un plazo que se considera demasiado largo para una situación de crisis que se agrava con el paso del tiempo. La Dirección General de Carreteras ha identificado cerca de 5.000 kilómetros que requieren atención inmediata. Y, de hecho, ya se están notando las consecuencias: carreteras con límites de velocidad reducidos por el mal estado del asfalto.
El panorama no es solo técnico. La oposición parlamentaria ha bloqueado recientemente la aprobación de zonas de bajas emisiones, un reflejo de la preocupación por la seguridad vial y la necesidad de abordar el deterioro de las infraestructuras con mayor determinación. El ministro Puente confirma la existencia de “fisuras” en viaductos clave como los de la A-4 y la A-45, que necesitan “obras de emergencia”.
En definitiva, la inversión anunciada, aunque significativa, no es una panacea. La solución pasa por un cambio de mentalidad, por una gestión más estratégica y por una apuesta a largo plazo que garantice la sostenibilidad de la red vial española. El olor a gasolina y el rugido de un motor no pueden coexistir con un asfalto que amenaza con desmoronarse.”n