Gasolina, un robo de precio: el gobierno se olvidó de los conductores
El 1 de julio, el Ministerio de Transición Ecológica prometió alivio en las gasolineras. Lo que recibió el bolsillo del consumidor fue un puñetazo en la cara. La sustitución de la bajada de impuestos por una bonificación directa de quince céntimos no fue un gesto de solidaridad, sino la puerta abierta a una sangría sin precedentes.
Un cambio de juego estratégico: la realidad detrás de los sursores
Las cifras hablan por sí solas. Mientras el Gobierno hablaba de mitigar las tensiones geopolíticas, las estaciones de servicio, bajo el amparo de la nueva normativa, dispararon los precios de la gasolina y el diésel. Un aumento medio de entre 8,3 y 8,5 céntimos por litro en la península, un repunte de siete céntimos en el Gas Licuado del Petróleo, y un encarecimiento de entre 4,3 y 4,4 céntimos por litro del gasóleo. Un ajuste que, lejos de compensar la bonificación, la anula por completo.
La situación es alarmante. Las organizaciones de consumidores, lideradas por FACUA, denuncian una “laxitud criminal” por parte de las grandes redes de distribución, acusándolas de aprovecharse de la confusión fiscal para inflar sus márgenes. El Ministerio de Consumo, según la asociación, fue excluido del proceso de toma de decisiones, un error que ha dejado a los ciudadanos en una situación precaria.
Y no solo eso. Un fallo técnico en una gasolinera de Barcelona – que, para colmo, servía diésel en lugar de gasolina – provocó averías en vehículos, un recordatorio brutal de la fragilidad de este nuevo sistema.