Velocidad máxima: el congreso reduce los límites, pero la oposición exige arreglar las vías

El Gobierno avanza en la reducción de los límites de velocidad, pero la medida genera debate y preocupación por la seguridad vial. A partir de ahora, exceder los límites legales podría acarrear penas de prisión y la privación del derecho a conducir.

La velocidad que antes no era delito, ahora sí lo será

La velocidad que antes no era delito, ahora sí lo será

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición del PSOE que rebaja la velocidad a partir de la cual el exceso se considera delito, tanto en vías urbanas como interurbanas. La medida, que busca evitar las trampas de los petroleros y reducir los accidentes, modifica los umbrales que se han mantenido estables durante casi dos décadas. Según la nueva normativa, en vías urbanas, el límite se reducirá de 60 km/h a 50 km/h, mientras que en vías interurbanas, de 90 km/h a 70 km/h.

La reforma penal establece penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de uno a cuatro años para quienes excedan estos límites.

El argumento principal que impulsa la medida es la reducción de accidentes de tráfico. El grupo ERC del PSOE señala que el 22% de los accidentes mortales tienen la velocidad como factor determinante. “Esta reforma salva vidas”, afirmó un portavoz del partido.

Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido Popular, critica la falta de inversión en la mejora de las infraestructuras viarias. “Cada muerte en materia de tráfico es un drama, pero hay que hacerlo bien”, advirtió un representante del PP. La preocupación radica en que muchas carreteras españolas se encuentran en un estado deplorable, especialmente tras el temporal de lluvias del pasado invierno. “No podemos llevar al BOE una ley que traiga frustración a las víctimas”, añadió.

El PNV, aunque reconoce la importancia de la velocidad como factor de riesgo, cuestiona que la respuesta del PSOE se limite a la penalización. La medida deberá seguir su curso parlamentario, pasando por comisión antes de volver al Pleno del Congreso para su votación definitiva. En definitiva, una reforma que avanza, pero que deja abierta la cuestión de la seguridad real en nuestras carreteras.